Desde el lugar del planeta en el que me encuentro en este momento, no puedo menos que conmoverme e indignarme por los sucesos de Chihuahua como ciudadadana, estudiosa de la violencia contra las mujeres, activista por los derechos de las mujeres, humanos, ambientales y creyente en tiempo de adviento como el que vivimos.
El feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz, moviliza a mujeres mexicanas, a las de América Latina y el Caribe 1. Para su verdugo, fue suficiente con saber que se había erguido sin temor de luchadora inamovible por la vigencia de los derechos humanos, enarbolando como su bandera el feminicidio y la demanda de justicia y persecución al asesino de su hija Rubí Marisol 2.
Ha sido asesinada pretendiendo silenciar su empuje y voz, como si callarla ante el palacio de gobierno, representara pagar el costo de levantar la cerviz para exigir justicia, o sacrificarla ante la cruz de los trescientos clavos de la Plaza Hidalgo fuera mensaje de imposición de la fuerza y perpetuación de una cultura de violencia y discriminación contra las mujeres mexicanas 3.
Argumentaría una abogada, ha caído víctima de las tres agravantes: premeditación, alevosía y ventanja 4. Para Marcela Lagarde, víctima de una práctica sistemática de feminicidio, como expresión del crimen odio misógino contra mujeres, bajo la tutela de un Estado complaciente. Ha sido asesinada gracias a la institucionalización del género “El Estado es masculino en el sentido feminista. La ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. El estado liberal constituye con coacción y autoridad el orden social a favor de los hombres como género, legitimando normas, formas. La relación con la sociedad y sus políticas básicas”. (MacKinnon: 7) 5.
Además de las anotaciones de expertas en feminicidio, la muerte de Marisela viene a ser en este tiempo expresión de un mensaje simbólico, desde quienes ejercen poder sobre el cuerpo y pensamiento de las mujeres a través de la violencia y terror, para que renuncien a su voz recordándoles que ellos pueden tomar sus vidas y no pasa nada.
“Cuando se llama al feminicidio por su nombre, se remueve el velo oscurecedor con el que las cubren términos neutrales como homicidio o asesinato”(Caicedo: 2001) es el texto con el cual inicié mi ponencia y propuesta para la aplicación del protocolo de intervención en Feminicidio en los Centros de Emergencia Mujer al Sur del País hace en Noviembre 2009. Intentando mostrar en ese entonces y en este momento, el modo en que América Latina, (en este caso desde México), aportaba al mundo en la deconstrucción y comprensión de uno de problemas más horrendos que afecta a la vida y destino de las mujeres por ser mujeres.
Transitamos del siglo XX al XXI, desde el reconocimiento y movilización de la violencia contra la mujer al develamiento del feminicidio -desde México hacia el mundo-, heredando a ciudadanos/as globalizadas/os, elementos conceptuales para la comprensión y cuestionamiento de prácticas que nacieron en épocas del oscurantismo que engendraron dudas sobre la condición humana de las mujeres, esclavos, no blancos o quienes no profesaban la religión del mas fuerte.
La violencia contra la mujer se visibilizó descarnadamente en la década de los sesenta del siglo pasado, con el secuestro y asesinato de las hermanas Miraval en Santo Domingo, durante la dictadura de Rafael Trujillo (25 de Noviembre 1960). Provocando que al cabo de dos décadas, las mujeres feministas de América Latina y el Caribe dejaran emerger como práctica de resiliencia colectiva 6, la instauración del 25 de Noviembre como “Día Latinoamericano y Mundial en Contra de la Violencia hacia la Mujer”(*), fecha simbólica para conmemorar la lucha de las hermanas asesinadas, junto a la de muchas mujeres objetos de violencia masculina por su condición de género, pretendiendo sensibilizar a las sociedades sobre las múltiples formas de Violencia contra la Mujer, socialmente conocida, tolerada y normada cómplicemente. Como práctica social, asociada con un sector del país, cuando en su accionar constituye uno de los problemas transversales de las relaciones de género en todas las sociedades.
Poco más de una década después (9 de Junio de 1994 en Brasil), se produce un segundo hito, al crearse el marco jurídico internacional denominado Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el marco de la IV Asamblea General de la OEA, que en adelante sería conocido como Convención Belén do Pará -suscrito por 30 países, firmado por el Perú un 12 de Julio 1995 y ratificado el 4 de Junio de 1996, mientras México firmó el 4 Junio de 1995 y ratificó el 12 de noviembre de 1998- 7, permitiendo que la defensa del cuerpo y vida de las mujeres por su condición de género, adquiriera respaldo jurídico que involucrara y comprometiera a los gobiernos suscritos. Al punto que el 3 de Junio de 1997, fue el marco del que hicieron uso peruanas agrupadas en el Movimiento Amplio de Mujeres y APRODEH para sentar jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Salazar: 2001, 63) al denunciar el caso de tortura Leonor la Rosa 8 y asesinato de Mariela Barreto 9.
A esta lucha, algunos hombres se han sumado reconociendo que su vigencia, niega la condición humana y humanizante de víctimas y victimarios/as, al mismo tiempo que se acrecientan nuestras ínfulas de civilidad, modernidad, simultaneidad, despliegue de capacidades y conocimiento que nos enorgullecemos. Asumiendo como hombres, al lado de otros hombres, puede ser actores comprometidos en el cambio de su propia práctica de violencia que reduce su capacidad de expresión de amor y entrega, apostando a una vida plena de satisfacción y convivencia armoniosa entre hombres y mujeres.
En el siglo XXI, el aporte para la deconstrucción de una de sus invisibles formas de violencia contra la mujer, como sucede con el feminicidio, proviene del sincretismo entre academia, feminismo y ejercicio de poder, encarnado por Marcela Lagarde, quién desde su posición de integrante de la Comisión de Equidad y Género en el parlamento mexicano, impulsó y presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas sobre los feminicidios en la República Mexicana 10.
En el siglo XXI, el aporte para la deconstrucción de una de sus invisibles formas de violencia contra la mujer, como sucede con el feminicidio, proviene del sincretismo entre academia, feminismo y ejercicio de poder, encarnado por Marcela Lagarde, quién desde su posición de integrante de la Comisión de Equidad y Género en el parlamento mexicano, impulsó y presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas sobre los feminicidios en la República Mexicana 10.
Trabajo que tuvo como marco de referencia la idea de Femicide que identifica a los homicidios de mujeres como crímenes de odio contra mujeres (Radford y Russell, 1992), logrando evidenciar que los feminicidios producidos en México, vienen a ser además de crímenes de odio contra las mujeres, practicas misóginas gracias a la presencia de una enorme tolerancia social y estatal de la violencia contra mujeres, estimulada por la impunidad, gracias a un contexto ideológico y social de entrelazamiento de machismo y misoginia como sucede con muchos países de América Latina(**). Cuyo resultado en las mujeres genera carencia de garantías y condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, casa y espacios de trabajo, lugares públicos de tránsito o de esparcimiento. Mientras que las autoridades carecen de eficiencia y funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos 11. Una investigación que partió de la interrogante a cerca de los homicidios de mujeres en la ciudad de Juárez, se tradujo en investigación nacional sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana (desde 1998 hasta 2004), con un equipo de setenta investigadoras y el aval de la Cámara de Diputados durante el los años 2005 y 2006, cuyo producto fue un Diagnóstico del Feminicidio en México 12.
Lagarde advierte en una iniciativa de febrero del 2005, que en el Estado de Chihuahua se carece de un diagnóstico de la violencia contra las mujeres y feminicidio, unido a la ausencia de un programa integral de prevención y atención de la violencia contra las mujeres que detengan o impidan los asesinatos de niñas y mujeres como sucedió con Rubí Marisol. Tampoco se habían resuelto los casos y se desconocía la verdad, menos aun castigado a los responsables por cuanto la persistencia de asesinatos de mujeres era un lastre y un descrédito internacional para los gobiernos federal, estatal y municipal de México 13.
En este contexto descrito por Lagarde, no llama la atención un femenicidio más como el de Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien fuera asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, padre de su única hija. Tampoco que fuera absuelto por los jueces, en abril último 14.
Lo inesperado y sorprendente es que Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí sobreponiéndose al dolor innombrable de perder a una hija, asumiera como misión que el feminicidio de su hija y cada mujer asesinada con una diferencia de 24 horas en Chihuahua no quedaran impune, moviendo los cimientos del feminicidio en su país hasta lograr que en diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, transformándose en caso emblema, el asesinato e impunidad de Rubí por la contundencia de pruebas 15.
Lo inesperado y sorprendente es que Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí sobreponiéndose al dolor innombrable de perder a una hija, asumiera como misión que el feminicidio de su hija y cada mujer asesinada con una diferencia de 24 horas en Chihuahua no quedaran impune, moviendo los cimientos del feminicidio en su país hasta lograr que en diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, transformándose en caso emblema, el asesinato e impunidad de Rubí por la contundencia de pruebas 15.
Su lucha evidenció la situación de vulnerabilidad y riesgo que asumían las personas que decidían denunciar y persistir en su denuncia, sea en su condición de parientes o defensores de derechos humanos, provocando nuevamente que el Estado mexicano fuera condenado internacionalmente por ejercer escasa o nula garantía, protección ciudadana, permitir la impunidad y no reparar daños.
Su interés y movilización personal, la llevó al descubrimiento y convencimiento de que mientras los feminicidas no fueran detenidos y sancionados con todo el peso de la ley, los crímenes de odio contra las mujeres no se detendrían en Juárez ni el país, logrando que el Estado de Chihuahua instalara una Comisión Investigadora a partir del caso de su hija, para identificar errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial evitando de este modo persistiera la impunidad.
Marisela Escobedo Ortiz, ha muerto en el intento de buscar justicia, habiendo inventado y ejercido diversas formas de protesta, investigación, movilización de redes, solidaridades y principalmente sin renunciar y hacer funcionar los mecanismos de justicia en su condición de sujeto de derecho con una practica inquebrantable de opción por la paz y justicia.
Sin duda, su caída ha de ser nueva fuente de resiliencia para el movimiento de mujeres y de derechos humanos en México y el planeta. Pero al mismo tiempo debe convencernos a todos/as y cada una/o, que no es preciso el derramamiento de mas sangre y muerte de mujeres mártires como sucedió con las sufragistas en el siglo XIX, para que una sociedad reconozca que junto al discurso de justicia y democracia pervive una practica cotidiana de barbarie e impunidad que es preciso evidenciar y resolver.
Sin duda, su caída ha de ser nueva fuente de resiliencia para el movimiento de mujeres y de derechos humanos en México y el planeta. Pero al mismo tiempo debe convencernos a todos/as y cada una/o, que no es preciso el derramamiento de mas sangre y muerte de mujeres mártires como sucedió con las sufragistas en el siglo XIX, para que una sociedad reconozca que junto al discurso de justicia y democracia pervive una practica cotidiana de barbarie e impunidad que es preciso evidenciar y resolver.
Es imperiosa la necesidad de Estados responsables en cada país, dispuestos y comprometidos en generar al interior de sus instituciones mecanismos eficientes y sólidos para creer y afirmar desde el día a día que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley, que en el caso de las/os más débiles y vulnerables contamos con un Estado confiable que protege y vela por nuestra seguridad.
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(*) Colombia 1981, I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el cual es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas luego de 12 años (1993), con la adopción de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Salazar: 2001, 62 -63)
(**) Violencia feminicida en la República Mexicana. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Tomos 1 y 2. Julio 2006. 1039 p.
CAICEDO, Ana. Feminicidios en Costa Rica 1990-1999. Organización Panamericana de la Salud, Programa Mujer y Salud ,Costa Rica. 2001.
RADFORD, Jill y Diana RUSSELL (eds.) Femicide. The politics of woman killing. Twayne Publishers, New York, 1992. Su edición ampliada en castellano es: Russell, Diana y Jill Radford (2006) Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Universidad Nacional Autónoma de México-Cámara de Diputados, México.
SALAZAR HERRERA, Catalina. Actuación política de mujeres peruanas durante el siglo XX. Tentando una cronología. Movimiento Manuela Ramos, Lima: 2001. 304 p.
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