El eje que inicia este proceso de movilización social en Chile enlaza dos siglos con la defensa del derecho a la educación como derecho humano[1]
por quienes se ven privado de ello. Según Paredes y Araya (2020)[2]
a fines del siglo XX se recompone el movimiento estudiantil universitario
largamente silenciada, rechazando la política neoliberal en la educación y poniendo
en cuestión el arancel diferenciado (1995-99), que derivará en el
mochilazo (2001). Hasta la confluencia del movimiento de
estudiantes de secundaria y universitario (2006) durante el gobierno de Ricardo
Lagos Escobar (2000-2006), seguido del movimiento pingüino (2010)
será la calle la arena de la lucha política juvenil (2011) e inclusión de
nuevos actores (2012-2013) hasta colocar como agenda política la
educación gratuita[3]
(primer gobierno de Sebastián Piñera Echenique).
El segundo eje movilizador de chilenas(os) fue el problema
de acceso /precio energético (2011), desde los magallánicos
rechazando al megaproyecto Hidroaysen, hasta lograr su cancelación durante
el segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria (2017), seguido de apagones
por responsabilidad de las empresas proveedoras, práctica que desenmascararía ante
la población los intereses del mercado[4].
Un tercer eje movilizado
fue el problema de la inseguridad social generando el movimiento No
más AFP en Chile (2015)[5],
siendo reconocida en crisis (2018)[6],
que derivó en grandes protestas (2019)[7],
manteniéndose como agenda y reto hasta la actualidad (2022)[8].
El problema de la vivienda segregada, con hacinamiento, inseguridad y violencia, pese a haber impulsado proyectos notables, provoca la creación de organizaciones como los Con Techo, Movimiento Autónomo de Vivienda, Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida, Ukamau, el movimiento Pobladores en Lucha
[9], presionando a la atención del problema.La pandemia entrelazó y tejió estos con otros problemas como: la distancia entre los sectores más ricos de pobres, el acceso y beneficio de la salud y alimentos, la discriminación social el inacceso legal al aborto, el incremento de la violencia y violación, el abuso de autoridad y más. Dinamizando la protesta y lucha donde los jóvenes son los actores principales [10], contra un Estado subsidiario, la desigualdad socioeconómica y el alto costo de la vida.
La protesta estalla con el alza de precios en el transporte obteniendo como respuesta gran represión del Estado entre octubre de 2019 y marzo de 2020 [11] con saldos dolorosos por el uso desmedido y abuso de la fuerza bajo el segundo gobierno de Piñera. El aniversario del estallido de la protesta (octubre 2020), se transforma en el punto de quiebre hacía la convocatoria de un proceso constituyente, que tras un primer plebiscito (25 de octubre de 2020), aprueba el cambio de constitución, creando La Convención Constitucional, que simbólicamente se inaugura con la presidencia de Elisa Loncon, académica mapuche[12], y concluye, en la entrega del texto al nuevo presidente Gabriel Boric Font (4 julio 2022).
El papel de los
partidos políticos a lo largo de estos hechos del movimiento social
en Chile se ha distribuido entre derecha, centro e izquierda. Desde los más radicales
hasta moderados, uniendo fuerzas electorales en coaliciones, siendo cada vez
más rechazados y superados por independientes, al punto que Piñeiras
para su segundo mandato, se presentó como independiente, alejándose de Renovación
Nacional.
Durante el mayor estallido social (2014 y 2019), obtuvieron sólo el 2% de la confianza poblacional (Titelman, 18 junio 2021) [13], pese a la reformas y políticas electorales (2016) que las diversificó, pero no las acercó al movimiento social. A la fecha los partidos políticos enfrentan el reto de desaparecer o asumir su real democratización interna, representación, militancia activa que implica desarrollo cultural e ideológico, asumiendo que tienen como base autonomía y probidad.
En este panorama el pueblo chileno, tuvo dos meses para conocer, comprender y decidir si aprobada o no una propuesta de constitución amplia y compleja de XI capítulos y 388 artículos desarrollados en 182 páginas que otorga más derechos que sus antecesores[14], en el plebiscito del 4 de setiembre 2022 (referéndum) ha sido rechazado [15].
Ante este
resultado, el presidente Boric, se ha comprometido a impulsar un nuevo proceso
de revisión con mayor participación e información, porque el rechazo no
pone en cuestión la necesidad del cambio de constitución, sino revisar partes
de su contenido, corregir la desinformación, distorsión y temores creados por
los fake News de quienes impulsaron la campaña por su desaprobación, así
como quienes apostaron por su aprobación no pudieron contrarrestar y menos
garantizar su discusión.
Lecciones y aprendizajes
No basta defender lo indefendible,
al igual que sólo quedarse en el acto del rechazo a la propuesta de una
nueva Constitución, como Chile ha mostrado a los países de la región.
El cambio de una constitución construido para el beneficio, salvaguarda y
protección de unos pocos en perjuicio de las(os) otras(os), las(os) ningunas(os)…
nadie, como la que rige en la mayoría de los países de América Latina, no tiene
posibilidad de sostenerse tras la pandemia y el espectro del hambre global.
Sin embargo, es insuficiente poseer buenas intenciones para
satisfacer anhelos de igualdad social, puesto que el infierno está empedrado de
ellos. Hace falta, mirar con atención las condiciones y exigencias del nuevo
milenio con sabiduría, competencia, asertividad, solvencia creatividad e innovación.
Aprender de buenas y malas experiencias.
Atender a los intereses y necesidades omitidas sin amenguar
otras, es una gran tarea que exige mirar el bosque más allá de las ramas. Salvaguardar
los aciertos. Las buenas prácticas desarrolladas de convivencia social,
cultural y política, separando el trigo de la paja, implica ir más allá de los
intereses particulares para situar al país en el centro y en relación con sus
pares.
Dosificar la voz y aprender a escuchar, de quienes están
convencidas(os) que sus intereses y necesidades van primero y eso conviene a las(os)
otras(os). Hacer que asuman su propia representación y propuesta, quienes siempre
se creyeron las(os) llamadas(os) a hablar por todas(os).
Dar la voz a quienes fueron silenciadas(os), animando la
expresión de la diversidad y sus aportes, movilizar a quienes están petrificadas(os),
retornar la esperanza a quienes la perdieron y garantizar la representación de todes,
junto al desarrollo de la capacidad de proponer, entrelazar y desarrollar,
aquello particular con lo general, no sólo es un reto sino una necesidad y
exigencia, que hace de la democracia no un fin, sino una práctica de justicia y
derecho mientras la produce. Chile ha demostrado que es posible y puede ser perfectible.
En un mundo donde no hay lugar para la distancia, el tiempo
y la información, se requiere desaprender y reaprender para
generar conciencia en breve tiempo. Si en la historia latinoamericana fue
necesario impulsar más de una cruzada para alfabetizar al 90% de la
población iletrada, hoy se requiere de una cruzada que permita superar
el analfabetismo funcional para que se deje de opinar, sobre otra
opinión acerca de un hecho. Conocer más del hecho, analizando y teniendo
opinión propia, dejando de lado la discapacidad o pereza de leer sólo la foto y
el titular de una noticia.
Hace falta innovar una pedagogía de la conciencia
que vaya más allá de la liberación para situarse el pensamiento
crítico que permita distinguir lo verdadero entre lo falso, las
intenciones detrás de la noticia; los orígenes y objetivos de un pasquín bajo la
forma de fake news, que desde hace 2000 años eran propaganda de
engaños, mentiras y falsedad en la antigua Roma.
Se requiere cambiar las reglas de juego en países desbordado
de caudillos, aderezado con clientelismo, compadrazgo, corrupción, bandas
criminales asentadas en el Estado, impunidad e injusticia para el ciudadano de
a pie, mientras tiene libre desplazamiento del narcotráfico, la trata, el
contrabando, estafa, delincuencia común y pepe el vivo.
Es preciso garantizar un proceso que no se circunscriba a las(os)
encargadas(os) de refundar una carta magna, sino extender simultáneamente el
proceso y su contenido, para su conocimiento, discusión y aprobación a toda la
población. Garantizado que su aprobación o desaprobación se con conocimiento de
causa, convicción y responsabilidad más allá de los intereses creados para
estar a favor o en contra.
Para ello hace falta tender todos los canales de
comunicación necesarios, garantizando que estén abiertos, traducidos y seguidos
con atención para despejar dudas, allí donde la controversia da lugar a la
sospecha, temor y titubeo.
Nuestra primera tarea como peruanas y peruanos, más allá de
estar a favor y en contra de cambiar la Constitución de 1993, es leerla con
detenimiento, analizarla, comprenderla, imaginar y proponer los cambios, centrando
allí la discusión.
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